El tramo educativo del discurso del gobernador Osvaldo Jaldo en la apertura de sesiones ordinarias tuvo la noticia más esperada por las familias tucumanas. En medio de las tensiones paritarias de los últimos días, el mandatario aprovechó el máximo estrado institucional para garantizar la apertura de las escuelas.

"Quiero informar oficialmente que el día martes 3 comienza el ciclo lectivo 2026 de todos los niveles en la provincia de Tucumán", señaló el titular del Ejecutivo, quien cerró el anuncio con un mensaje directo al sector: "Muchas gracias a los gremios, a los docentes y a los que apostaron para que las clases empiecen en tiempo y forma".

Más allá de la coyuntura del inicio de clases, Jaldo sorprendió al auditorio con una fuerte crítica política hacia el manejo histórico del sistema educativo provincial. Al repasar los logros institucionales de su gestión, destacó que se alcanzaron casi 7.000 titularizaciones y se regularizó la integración de las Juntas de Clasificación de Antecedentes mediante la elección democrática de los representantes docentes: "Luego de 17 años en los que estaban integradas solo por representantes del Poder Ejecutivo... es decir, en pocas palabras, se venía designando a dedo a la docencia en la provincia de Tucumán".

En cuanto a las políticas pedagógicas, el discurso trazó una hoja de ruta enfocada en la modernización y la equidad. El gobernador anunció la incorporación de la enseñanza de inglés desde el primer grado en todas las escuelas públicas, argumentando que el manejo de una segunda lengua es fundamental para el acceso a las tecnologías y al mundo laboral. "Fundamentalmente es para que los niños y chicos del interior tengan las mismas posibilidades de los que hoy van a los colegios privados", remarcó.

El último pilar del balance educativo se centró en las estrategias del Estado para garantizar el acceso a las aulas y aliviar el bolsillo de las familias. Jaldo destacó la decisión del Gobierno de hacerse cargo del seguro escolar y ponderó el impacto del Boleto Estudiantil, una herramienta nacida en la Legislatura que hoy es administrada por el Ejecutivo y alcanza a 100.000 beneficiarios.